PETROAUDIOS: de exceso Presidencial a chasco judicial.

Luis Gulman Checa

Fue grato constatar el cumplimiento de mi predicción al ver el triste lamento de PERÜ.21 porque el “Escándalo del Siglo”; el “Peor Latrocinio Jamás Perpetrado Contra Nuestro Estado”; la “Mancha más Asquerosa y Escandalosa que Signará, para su Eterna Vergüenza, al Segundo Régimen de Alan García”, es decir, el cabildeo de Rómulo León y Alberto Químper a favor de una empresa noruega interesada en explorar nuestro zócalo en busca de hidrocarburos; en opinión del digno y recto juez que conoce la causa, Jorge Barreto, no revelaba indicio alguno de delito y, en consecuencia, éstos no habrían perpetrado ilícito alguno.

De ser ello cierto y quedara oleada y sacramentada la determinación judicial, ¿quién pagará, responderá por el atropello y resarcirá a los perjudicados, no sólo por la injusta carcelería sufrida sino, peor aún, por el escarnio y mofa públicos de que fueron objeto? ¿Acaso el Presidente de la República, quizá el responsable de tan deplorable circo mediático por acusarlos públicamente de rateros exigiendo su inmediato apresamiento? ¿O lo harán las autoridades de dos por medio que, dejándose avasallar y olvidando prerrogativas y autonomía propias, cobarde y tontamente acataron la “orden” presidencial?

Como ciudadano con alguna experiencia en el manejo de la cosa pública, siento preocupación por lo que calificaría como “colusión generalizada” contra ambos imputados. ¿Por qué? Por cuanto se me hace difícil admitir que tantos de los integrantes del coro que públicamente clama contra ellos, desconozcan que, de haberse producido alguna irregularidad en el proceso que favoreció a la empresa noruega asociada con Petroperú, los responsables tendrían que ser funcionarios de la empresa estatal. Entonces, siendo esta una verdad incuestionable y, además, no habiéndose precisado ni cuantificado el “daño” sufrido por el país, ¿por qué continúan siendo vilipendiados y detenidos ambos personajes luego de transcurrido más de un año de la difusión de los ilegales audios?

El verdadero escándalo que sacó a la luz el congénito anti aprista Fernando Rospigliosi, fue la existencia de una banda delincuencial que interfería y grababa comunicaciones privadas, las que, constitucional y legalmente no sólo son inviolables sino que, de accederse ilegalmente a ellas, no constituyen prueba ni pueden ser utilizadas en tribunal alguno. ¿Cuántos abogados, empezando por el Presidente de la República, han “metido la pata” en este asunto?

Me viene a la mente la fábula referida a azuzar a la gente arremeter contra un ladrón imaginario para que quien grita, él sí pueda robar a sus anchas. ¿Cuál es la semejanza con el hecho bajo comentario? Que, atrayendo la atención pública sobre este “tremendo robo”, nadie tiene ojos ni oídos para las grandes trapacerías que continúan gozando de buena salud a lo largo y ancho del país, algunas de las cuales, pese a haberse denunciado públicamente por el mismo diario PERÜ.21 y/o perpetradas en la mismísima ciudad capital, no generan el interés de los grandes ¿fiscalizadores? lanzados con uñas y dientes sobre este escándalo inflado.

Se está aludiendo a un informe de Contraloría, determinando irregularidades en el Proceso convocado por Petroperú, y que el juez Barreto habría desechado por lo que está siendo cuestionado. Sin embargo, es del más elemental sentido común que, si el tal Informe señalara faltas, errores o delitos, los responsables, identificados con nombres y apellidos, tendrían que ser funcionarios, por lo que habría hecho muy bien en desestimarlo al ser los investigados Rómulo León y Alberto Químper, cuyos nombres no pueden ser mencionados por Contraloría por no ser funcionarios de Petroperú.

Además, debemos admitir que las acciones de Contraloría hay que mirarlas con mucha reserva, pues, desde tiempo atrás esta institución viene dando muestras que lejos de ser un auténtico guardián del buen uso de los recursos del Estado, funciona como un mastín lanzado contra funcionarios ¿incómodos? para los regímenes de turno. Ejemplo concreto y local de lo afirmado: ¿Recuerda, estimado lector, el amplio informe publicado por un diario local sobre el reiterado delito de nepotismo en el que venía incurriendo una alta autoridad regional? Sería deseable que, tanto Contraloría como también el Ministerio Público, informaran las investigaciones y acciones realizadas al respecto, por cuanto tal denuncia, si hubiera sido cierta, debería haber originado graves represalias contra el imputado.

Piura, 18 enero del 2010.
(No publicado en Diario El Tiempo)