CONTRALORÍA GENERAL: DESASTRE TOTAL
(Piura, 13 julio 2022)
Luis Gulman Checa
En mi artículo anterior declarando el proyecto
Alto Piura “Muerto en Vida”, omití
señalar al real responsable de la bárbara sangría al erario representada por la
existencia del Peihap por más de DIEZ AÑOS, no siendo otro que la inútil
Contraloría General de la República, cuya acción es comparable a un equipo
policial que siempre llega a reprimir a los ladrones cuando los mismos
abandonaron tiempo atrás el inmueble que saquearon.
M/m 30 años atrás se dictó una norma declarando
la fusión de Proyectos Especiales existentes en un mismo departamento. Así, los
lambayecanos, hábiles y diestros en comparación con los incalificables (por
incapaces) piuranos, en el término de la distancia crearon el Proyecto Olmos
Tinajones. Sin embargo, a pesar que la norma, en el caso de Piura, estipuló
fusionar Chira Piura y Alto Piura, las autoridades respectivas se zurraron en
la norma y, hasta el día de hoy, ambos
siguen sangrando el erario, entre otras barbaridades, con DOS CONSEJOS
DIRECTIVOS absolutamente inútiles.
¿Acaso no recae en
Contraloría toda la responsabilidad por tremendo LATROCINIO contra el erario?
Si alguien esgrimiera la excusa que, como errar
es humano, a tal ente se le pasó por alto la norma, debo decir que le cursé
carta muchos años atrás comunicándole la aberrante persistencia de ambos
proyectos.
Relataré una vivencia demostrativa de la
permanente irracionalidad implícita en el accionar de la citada entidad.
Remontémonos al año 1986 cuando el suscrito tenía muy poco tiempo al frente del
PECHP como Director Ejecutivo y recibe
al abogado jefe del departamento de Asesoría Legal, contrito y demacrado, para
expresar lo siguiente:
Hemos perdido un
proceso incoado por un señor de apellido Carrión, propietario de un fundo en el
Bajo Piura, por cuanto consideró la entidad lo había perjudicado cuando se
construía el Canal del Bajo Piura. Desgraciadamente la Corte Suprema ya emitió
el veredicto y debemos pagar 8 o 9 millones de soles.
Siendo el suscrito un agrónomo, supuestamente,
ignaro en asuntos legales, no dudo que el abogado informante quedó sorprendido
cuando no le di importancia al asunto. Recién, días después, tras recibir la
llamada de un sobrino del señor Carrión diciéndome que su tío tenía un
“asuntito” con el proyecto, m/m le respondí: “déjame averiguar y te devuelvo la
llamada”.
Colgué y salí cual rayo a la oficina del Dr.
Antonio Valle, quien, tan luego lo puse al tanto me señaló la oficina del
frente diciéndome: “Vaya donde el Dr. Cristóbal Montoya.
Haciéndola corta, transcurridos m/m 15 días, el
Dr. Montoya llegó a mi oficina con una Resolución del Tribunal Agrario
declarando nula de toda nulidad la Resolución de la Corte Suprema a favor del
señor Carrión. ¿Por qué? Por cuanto el tema en litigio era agrario por lo que
era de plana competencia de tal fuero. Por si acaso, el Dr. Montoya interpuso una simple Contienda de Competencia
y los 8 0 9 millones que, supuestamente, tenían acogotado al PECHP, se fueron
por el desagüe.
Pero, ustedes, estimados lectores, se
preguntarán ¿qué diablos tiene que ver esta historia con Contraloría General?
Transcurrido buen tiempo, durante el cual
suscribimos el contrato de ejecución de
la III Etapa del PECHP, Desarrollo del Valle del Chira, llevada a cabo sin
contratiempo alguno salvo el ocasionado por incalificables funcionarios que
eliminaron, criminalmente, algunas obras inmersas en el mismo como, por
ejemplo, recortando la extensión del Canal Norte o borrando, bestialmente, el
Sistema de Drenaje de El Arenal; abruptamente apareció una Resolución cesándome
en el cargo, hecho que casi le origina un síncope al Ing. Biaggio Arbulú, jefe del INADE quien ignoraba el hecho por
cuanto fue decisión de Alan García (Q.D.D.G). Quizá doña Pilar Nores sepa las
razones por cuanto fue un asunto de mujeres,
Así, al dejar el cargo, llegaron los “sabuesos”
de Contraloría a espulgar mi gestión
imputándome la siguiente falta:
Haber contratado un
abogado externo (Cristóbal Montoya) pagándole la (astronómica) suma de OCHOCIENTOS SOLES
cuando la entidad contaba con dos abogados de planta.