¿TRAGO HASTA LA MEDIANOCHE?

(Piura, 03 julio del 2015)

Luis Gulman Checa

¡Propuesta sin pies ni cabeza! ¿Qué tal hasta las 11.30 o las 01.00 horas? ¿Cuál es el fundamento para que a personas hechas y derechas, normales, sociables y de buenas costumbres, se les impida recibir el alba bebiendo si así les apeteciera?

Sin duda la propuesta se ha inspirado en la reciente proliferación de informaciones dando cuenta que el consumo de licor se expande cada vez más entre jóvenes. Pues, si tal fuera la razón, ¿qué sentido tiene “permitirles” beber solo hasta la medianoche, cuando, de acuerdo a tal criterio, tendría que prohibirse  la venta de bebidas alcohólicas permanentemente para impedirles libar?

Esta propuesta municipal resulta tan absurda como la de los cascos para los motociclistas, aunque, en honor a la verdad, aquélla fue una tremenda “metida de pata” - salvo que sea cierto que el “interés” era venderlos - por cuanto, a auténticos violadores de la ley, según vigente ordenanza municipal, se  les dio estatus de legalidad. En resumen, el actual alcalde terminará su período y los motociclistas, zurrándose en la ley y en todos los piuranos, continuarán contaminando el transporte público.

Digresión: Quizá AGP podría usar este fenómeno afirmando que somos un ejemplo en “transporte innovador” acercándonos al primer  mundo, como, insolente y demagógicamente,  anunció cuando gobernaba amparado en los millones de teléfonos celulares operando en el país.

Volvamos al trago. La solución para que el alcalde termine con la indudable y real desgracia de ver cómo liban menores de edad en la vía pública, abastecidos por negocios formales que, a vista y paciencia de la autoridad competente les venden licor; es muy simple:

Escoja un par, entre las personas de confianza y de indudable honradez integrantes del equipo  con el que asumió la administración edil, para que identifiquen, cierren,  denuncien y apliquen todo el peso de la ley, a los establecimientos que expenden licor a menores de edad.

Sin embargo, hay otro estamento social que tiene gran responsabilidad por la proliferación de este fenómeno: los padres de familia. Si profundizamos, hallaremos una contradicción en la preocupación ciudadana representada por la máxima autoridad:

Si a los padres no les importa que sus hijos se emborrachen en la vía pública, ¿por qué tendrían que preocuparse  terceras personas?

Ello nos lleva a otra reflexión: dentro de la extensísima legislación que asola nuestro país, ¿no existe  ninguna norma que establezca deberes y obligaciones de los progenitores hacia sus hijos?  De haberlas,  y si los obligados no cumplieran con ellas, ¿no están señaladas las penas por tan grave omisión?

Entonces, si así estuviera normado, ¿la erradicación de esta lacra social no caería en el terreno del Ministerio Público?