MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

(Piura, 22 abril 2016)

Luis Gulman Checa

Saludable información ha recibido la ciudadanía peruana el día de hoy:

Juzgado abre proceso penal a Toledo por lavado de activos.

Aunque esta acción debió ser adoptada tan luego se hicieron de conocimiento público,  tanto las millonarias inversiones de Alejandro Toledo como sus sucesivas, cambiantes y cantinflescas explicaciones; el magistrado Abel Concha - a contrapelo del significado coloquial de su apellido -, aunque excesivamente tarde, procedió a abrir el obligado  proceso penal.

Digresión: ¿Por qué está preso Martín Belaunde Lossio, contra quien no hay ninguna evidencia delictiva del nivel y claridad de ECOTEVA, mientras Alejandro Toledo no solo sigue libre y campante sino tuvo la desfachatez/insolencia/estupidez de pretender volver a ser elegido presidente de la República?

Reflexionemos: si según todas las encuestas la principal preocupación/temor de la ciudadanía se debe a la falta de seguridad, ampliamente justificada por las informaciones cotidianas  en  los diferentes medios de comunicación dando cuenta de asesinatos, arranches, robos, reglajes de marcas y cuanta modalidad hay para “desplumar” a cualquiera - incluso matándolo - aunque sea para robarle 50 soles; resulta del más elemental sentido común que la tarea de higienizar el país, necesariamente, tiene que empezar de arriba hacia abajo.

Planteemos una situación concreta que  explica lo afirmado:  rememorando el robo del que fue objeto la Municipalidad de Lima a través del caso COMUNICORE (hecho público, con pelos y señales, por Fritz Du Bois, Q.D.D.G., cuando dirigía Perú.21) en el que, obvia y legalmente, el principal responsable/sospechoso tenía que ser el alcalde Luis Castañeda quien, no solo no está comprendido en el proceso, que continúa durmiendo, sino que volvió a ser elegido  con el siguiente slogan: “Roba pero hace obra”, preguntémonos:

¿Cree usted que un modesto servidor de la Municipalidad de Lima que ambula por las calles encargado de cobrar parqueos y/o hacer respetar alguna simple disposición, priorizará cumplir fiel y estrictamente  su tarea o, por lo contrario, buscará  recibir la mayor cantidad de coimas para su propio bolsillo, por cuanto, según constata, los funcionarios rateros de saco y corbata no reciben castigo?

En el mismo sentido deberíamos formularnos una pregunta:

¿Qué capacidad o autoridad moral tiene  la PNP para imponer el orden y hacer respetar la ley cuando, también permanentemente, la opinión pública es acribillada con informaciones revelando que tan importante estamento del Estado está corrompido hasta el tuétano, llegando al extremo que algunos de sus miembros roban hasta la gasolina para sus vehículos y/o integran avezadas bandas delincuenciales?

Ojalá el proceso abierto por el Dr. Concha no sea una pantomima más, como tantos, incluido el ya citado COMUNICORE