UFANO

(Piura, 19 abril 2016)

Luis Gulman Checa

Los hechos van demostrando que mis opiniones son válidas y tienen sustento, pues el 23 de julio del 2009 en “El Tiempo”, se publicó el artículo titulado “El Sistema Privado de Pensiones”, en el que aparecía el siguiente párrafo referido a las opciones de los aportantes a las AFP una vez llegado el momento de jubilarse:

“Estimados señores: les agradezco infinitamente por la diligencia y esmero desplegados para cuidar e incrementar mi dinero. Asimismo, he cumplido puntualmente con pagarles sus honorarios por los servicios que me han prestado y que ustedes mismos fijaron sin opción a discusión. Entonces, estando a mano y no debiéndonos ni un centavo el uno al otro, les agradeceré se sirvan extenderme un cheque a mi nombre por el monto de la masa monetaria de mi propiedad que está en vuestro poder. Reitero mi agradecimiento. Atentamente”.

El siguiente párrafo del artículo decía lo siguiente:

Formulo estas reflexiones para que los constitucionalistas - habida cuenta que el suscrito no está capacitado para pontificar al respecto - tengan la gentileza de ilustrar a la opinión pública: ¿Acaso no es verdad que nuestra Constitución dispone que las personas puedan hacer uso de sus bienes a su libre albedrío? ¿Acaso no es verdad que la “masa monetaria”, guardada por la AFP, es un bien de exclusiva propiedad del afiliado? Entonces, ¿acaso no devendría en anticonstitucional cualquier ley que viole flagrante e impunemente los derechos de las personas, como es la prohibición de disponer libremente del propio dinero?

Tuvieron que transcurrir casi siete largos años desde tal reclamo  para que un planteamiento tan lógico, simple y justo, que debió tener vigencia desde el momento en que se impusieron las AFP, se hiciera realidad. Sin embargo, más vale tarde que nunca.

Una pregunta para reflexionar:

¿Qué destino hubiera corrido la masa monetaria  de un jubilado de 78 años de edad,  en poder de una AFP, fallecido el pasado mes de febrero?

Ruego:

Ojalá mi reiterada demanda para que al agua regulada se le fije un precio justo, tenga el mismo final que la planteada a las AFP.