CORRUPCIÓN: EL MAL QUE DESANGRA AL PERÚ (FINAL)

(Piura, 14 julio del 2016)

Luis Gulman Checa

Hubiérase esperado que luego de la pública exposición de algunas de las filmaciones de  Vladimiro Montesinos con diversos interlocutores,  pintándonos de cuerpo entero como país corrompido hasta el tuétano, como también -  gracias a las nuevas tecnologías comunicativas - a la gran cantidad de conversaciones ilegalmente grabadas pero audibles y entendibles; la corrupción tendría que haber disminuido tendiendo a desaparecer al haber devenido en imposible, como antaño, ser corrupto y navegar con enseña de santo.

Sin embargo, ello no ha sucedido y la corrupción no solo sigue viva y coleando sino que, cada día,  se robustece. Entonces, ¿quién podrá salvar al Perú ahora que el Chapulín Colorado descansa en paz?

Considero cínicos y sinvergüenzas a quienes exigen al flamante presidente electo  combatir  y erradicar la corrupción, por la simple razón que ésta se ha convertido en una peste, como las que antaño asolaban y diezmaban  la población mundial.

¿Acaso no es verdad que tales azotes de la naturaleza contra la humanidad obligaron al hombre a descubrir antígenos para neutralizar/destruir a los patógenos causantes de las diversas pestes?

Entonces, siendo obvio que deberá pasar mucho tiempo hasta que el hombre logre combatir la corrupción aplicando una vacuna, por el momento tal tarea descansa en las manos de dos organismos públicos:

El Ministerio Público y el Poder Judicial, que tienen la obligación de actuar tan rápida y drásticamente como las vacunas y/o medicamentos actúan contra los patógenos: Juzgándolos, condenándolos y liquidándolos en el término de la distancia, aplicando el máximo rigor que permite la ley.

Sin embargo, aquí aparece otro organismo  responsable al tener a su cargo el dictado de las leyes, es decir, las herramientas a disposición de los antes mencionados para combatir y erradicar a los patógenos/corruptos:

Está en manos del Congreso de la República aprobar las normas requeridas por los organismos encargadas de aplicarlas, para que la erradicación de la corrupción empiece a ser una realidad.



Veamos dos casos demostrativos de que, en el Perú, no hay normas,  predisposición, ánimo ni voluntad para erradicar la corrupción.

Gregorio Santos y Alejandro Toledo. Mientras el primero está en prisión hace mucho tiempo, al segundo, después de años de haberse hecho patente su enriquecimiento ilícito, recién se le ha abierto proceso continuando en libertad. Piense usted, estimado lector:

Acaso no es vergonzoso para el país que los entes encargados de administrar justicia dejen correr el tiempo sin determinar cuál es la real situación jurídico/penal de estas personas. ¿Son o no culpables? ¿Por qué está preso Santos y no Toledo? Si finalmente Santos no fuera condenado (como sucedió con Rómulo León), ¿el Estado lo indemnizaría pecuniariamente como sería justo?

Si la situación se debiera a que nuestro orden legal es un desastre inentendible e inmanejable, ¿por qué razón no se ordena y actualiza con los tiempos que corren?

Ojalá me equivoque, mas creo deberse a que quienes están obligados a poner coto a este mal, prefieren dejar las cosas como están hasta que les llegue a ellos el momento de “cortar el jamón”, es decir, tomar el poder  para aprovecharse de la peste del momento: La Corrupción.