CONSEJO PARA PPK: REORGANIZA LA CONTRALORÍA

(Piura, 12 agosto del 2016)

Luis Gulman Checa

Si la Contraloría General de la República (CGR) funcionara correctamente, los medios de información perderían su principal fuente de noticias:

Los robos, cohechos, peculados y latrocinios en general, perpetrados, a lo largo y ancho del país, por la gran cantidad de funcionarios - electos o designados -, quienes, por corruptos y/o ignorantes, perpetran o permiten se cometan estos delitos.

Así como, con razón,  la opinión pública le ha saltado a la yugular a la PNP por el evidente avance de la delincuencia;  también, con los medios a la cabeza, debería condenar a la  CGR por su venalidad y/o incompetencia al permanecer indiferente ante el incontenible asalto contra las arcas del erario perpetrado por estos delincuentes y/o ignorantes de “saco y corbata”.

¿La CGR existe para “pararle la olla” a una recua de burócratas para que se limiten a dejar pasar sus “horas de trabajo” leyendo el periódico, o, por lo contrario, les pagamos para que, cual perros rabiosos y furibundos persigan, acosen, denuncien y encarcelen (habida cuenta que el Perú no es China donde  los ajustician) a estos rapiñadores del erario?

Fatalmente, los medios, quizá  por  punible desconocimiento, no coadyuvan en absoluto a obligar a esta entidad - fundamental para preservar la correcta utilización de los recursos públicos -  a cumplir  con su deber.

Reflexionemos sobre una información divulgada pocos días atrás referida al riesgo de que innumerables CC EE del Estado quedaran desbastecidos de agua y energía eléctrica por falta de pago a las entidades distribuidoras. Entonces, mientras el GRP carece de recursos para atender estos prioritarios pagos, sí dispone de éstos para, violando flagrantemente la normatividad, mantener la siguiente ilegal situación:

La existencia de dos Proyectos Especiales - Chira Piura y Alto Piura - que desde un cuarto de siglo atrás fueron unificados por una norma específica (que incluyó también a los lambayecanos Olmos y Tinajones quienes, de inmediato, crearon el PEOT) en la que se vienen zurrando nuestras máximas autoridades regionales empezando con César Trelles, apañado por Javier Atkins y mantenido por Reynaldo Hilbck, con el único propósito de, rapiñando el erario, no solo contar con dos Consejos Directivos con dietas exorbitantes por no decir delincuenciales y, peor aún, no solo duplicando los gastos administrativos sino fijando para Proyecto más intrascendente, el Alto Piura, una escala remunerativa muy superior originando el éxodo y/o trasvase de antiguos  funcionarios del PECHP al PEHAP por la evidente mejora es sus remuneraciones.

Imitando a “El Tiempo” cuando preguntó ¿Quién pone orden en Sechura?, preguntaré, a mi vez:

¿Quién debiera poner coto a este real y auténtico atentado contra la ley, la rezón y el sentido común?

NI MÁS NI MENOS QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SI SUS FUNCIONARIOS TUVIERAN UN POQUITO DE SANGRE EN LA CARA.