EL COLEGIO DE INGENIEROS (III)
(Piura, 04 mayo 2017)
Luis Gulman Checa
Si el CIP - Piura
hubiera cumplido con su función/deber/obligación, frente a la colectividad, de
cautelar las buenas y correctas prácticas en los ámbitos relacionados con su
vital campo de acción, Piura mostraría un rostro totalmente diferente del
actual, pues en vez de presentar tantas entidades/sectores en evidente colapso,
nuestra situación podría ser casi idílica.
Pongamos un caso de
triste actualidad mencionado en la edición de la fecha de “Correo”:
SOLO
LA INFRAESTRUCTURA MAYOR
La
reconstrucción de San Lorenzo costaría cerca de 600 millones de soles.
La Junta de Usuarios solicita al gobierno la
inmediata rehabilitación para evitar la pérdida de cultivos.
¿Qué diablos tendría
que ver el CIP, se preguntará usted, estimado lector, ante este inusitado e
injustificable pedido? Muy sencillo:
San Lorenzo
es comparable a una hacienda de antaño, con la diferencia que la Colonización
fue construida/desarrollada por el Estado, es decir, con el dinero de todos y
cada uno de los peruanos, siendo, posteriormente, DONADA a los colonos.
¿Acaso las haciendas de
antaño eran mantenidas/conservadas con dinero del Estado (como están exigiendo
ahora los colonos) mientras los propietarios se embolsicaban las ganancias?
Por supuesto
que no. Los hacendados invertían, asumían obligaciones, algunos prosperaban,
otros sufrían golpes y podían o no revertirlos y, por supuesto, las obras de
infraestructura requeridas para explotar las tierras, como canales o pozos
tubulares, eran de su cuenta y riesgo.
Preguntémonos ahora por
qué razón la infraestructura mayor de San Lorenzo requiere 600 millones de
soles para que el Estado (todos y cada uno de los peruanos) vuelva a
construirla para regalarla nuevamente a
los colonos.
Por la
simple razón que en el curso de los más de 50 años de vida de la Colonización,
lapso durante el cual los colonos disfrutaron gratuitamente del agua (tan igual
como si el Espíritu Santo se hubiera encargado de perforar, operar y mantener
los pozos de los agricultores del Alto Piura) nadie RECORDÓ que tal
infraestructura requería mantenimiento permanente, ergo, recursos financieros
y, como el único bien que podía
generarlos era el agua para el riego, ésta debió tener, desde el primer día,
una tarifa para ir generando los fondos indispensables para el mantenimiento.
Pregunta obvia:
¿En el curso
de todos estos años, la sapiencia, inteligencia, capacidad técnica e, incluso, el más elemental sentido común,
no anidaron en tan magna institución, el CIP, para advertir/alertar que era
fundamental fijarle una tarifa idónea al agua para mantener la infraestructura?
