INFORMACIÓN AGRIDULCE
(Piura, 19 julio 2017)
Luis Gulman Checa
Los medios piuranos aparecieron el día de hoy
con una, aparentemente, reconfortante
información:
CAE MAFIA DE BREVETES
Desbaratan red de
tráfico de brevetes
Los ciudadanos bien nacidos, de primera
intención, recibimos una inyección de optimismo al sentir que la ley y el orden
estaban recuperando terreno, mientras los corruptos, habida cuenta que el Perú
no es Filipinas ni nos gobierna un Duharte, solo serían justa, pronta y
severamente condenados.
Lo escrito líneas arriba corresponde a la
parte dulce de la información, la que, casi de inmediato, luego de leer el
texto de la noticia, empezó a dejarnos un desagradable y acre sabor:
·
El
director de Transportes, Jaime Saavedra, señaló que esta mafia vendría operando
desde 25 o 30 años. También que no pudo rotar del cargo a Gladys Echevarría
(“presunta” mafiosa, imitando a los medios) al oponerse amparada en la
sentencia del Poder Judicial que la repuso en el mismo puesto de jefe de la
Unidad de Circulación y Seguridad Vial.
·
El
mismo funcionario dijo que antes de mayo del 2016, catorce (14) meses atrás, cuando
se descubrió el accionar de esta mafia a raíz de la propalación de un video, los investigados cobraban entre S/. 800.00 y
3,500.00 para hacer entrega irregular de las licencias; monto que disminuyó
cuando fueron puestos al descubierto, mas no frenó su delincuencial accionar.
·
La
titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, jueza Rocío del Pilar
Urraca Álvarez, otorgó un plazo de 15 días a la Fiscalía del Crimen Organizado
para que culmine las investigaciones, recoja más pruebas, haga peritajes para
sustentar su caso y pida la prisión preventiva para estas personas.
·
Por
lo señalado líneas arriba tenemos que llegar a dos conclusiones:
1° El director de Transportes está
pintado en la pared al ser incapaz de remover del cargo a una persona
que no le merecía confianza y haber permitido que los delincuentes
continúen lucrando en la entidad a su cargo durante 14 meses.
2° El aparato de justicia, a pesar tanto del
más de cuarto de siglo transcurrido desde el inicio de esta operación
delincuencial como de los 14 meses pasados desde que se tuvo clara evidencia;
todavía está en bolero, de modo que, lo más probable es que dentro de 4
o 5 años, todos los actuales “presuntos” delincuentes, sean debida y
formalmente absueltos por la Suprema Corte de Justicia del Perú, tal y como
viene sucediendo con antiguos procesados y condenados en instancias inferiores
quienes, al igual que los actuales, inundaron primeras planas de los diarios
locales.
Reflexión final a raíz de la reposición, por el Poder
Judicial, de doña Gladys Echevarría:
¿Acaso no habría que investigar si en el
Poder Judicial, igual como en la Dirección de Transportes, también se han
emitido sentencias prevaricadoras a cambio de un pago en metálico?