RAZONAMIENTO
ANTIPÁTICO
(Piura,
15 mayo 2019)
Luis
Gulman Checa
Continuando con el tema del masivo reclamo de
los agricultores exigiendo prebendas/protección de parte del Estado, no debemos
olvidar el principio de que toda acción tiene una reacción o, si se prefiere,
una consecuencia.
Así, entonces, cuando se exige un precio mayor por el arroz (a pesar
que desde décadas atrás estamos bajo el imperio del liberalismo y/o libre mercado),
el sentido común indica que ello afectará a todos los peruanos que se
alimentan, cotidianamente, con grano tan agradable a nuestros paladares,
llevándonos a concluir que el precio artificialmente incrementado (dejando de
lado la oferta y la demanda) será pagado por los millones de peruanos
desligados de la producción de tal cereal.
Ahora, pongámonos en los zapatos del Estado y
consideremos qué opción tomaríamos si la oferta de arroz en el mercado mundial
permitiera importarlo a precios menores de los exigidos por nuestros
agricultores, lo que pondría a las
autoridades competentes frente a la siguiente disyuntiva:
¿Favorecemos a los
pocos peruanos productores de arroz o a los millones que lo consumen?
He leído que los reclamantes, como respaldo a
sus exigencias, aluden que el Japón
protege a sus agricultores, especialmente arroceros, incentivándolos con
beneficios/apoyos para que continúen produciéndolo. Al respecto, considero que
el Perú quedará apto para imitar a tan formidable país tanto en la citada
política de promoción como en otras, cuando se hayan arraigado entre nosotros las siguientes tres conductas:
·
Los
funcionarios que delinquen practiquen el seppuku.
·
Las
huelgas signifiquen trabajar desmesuradamente incrementando al infinito el stock de
productos y
·
Calles,
plazas y avenidas luzcan impolutas y ordenadas.
¿Acaso estoy propugnando
que los productores de arroz se hundan en la miseria y sus hijos y familias
desaparezcan por inanición?
De ningún modo, siendo mi deseo todo lo
contrario, es decir, que se tornen prósperos y ricos abocándose a plantar otros
cultivos descartando la increíble barbaridad de plantar arroz en el desierto utilizando
costosísima agua regulada que tienen a su disposición absolutamente gratis.
¿Tiene el Estado una
enorme responsabilidad entre manos o, de acuerdo a los cánones del liberalismo,
debe dejar que el mercado se encargue de dilucidar el futuro de los agricultores?
Está enfrentado a una tarea ímproba por el
calamitoso estado en que se encuentra la actividad agrícola, aún afectada por el
descalabro generado por la Reforma Agraria, y que, además, recibió lo que bien
podríamos denominar el tiro de gracia, con la desaparición del Banco Agrario.
Razonemos:
Así como el Estado, medio siglo atrás
descalabró la agricultura, ahora tiene la ineludible obligación de gestionar,
apoyar y promocionar el financiamiento y promoción de cultivos que no solo le saquen el jugo a la
valiosísima agua regulada sino que, por su alta cotización en el
mercado, enriquezcan a los agricultores.
Urgente tarea estatal:
Promover y
posibilitar la instalación de sistemas de riego presurizados en el íntegro de
las áreas de San Lorenzo y Cieneguillo, recurriendo a apoyos internacionales.
