¿QUIÉN DEBE IMPULSAR LA MINERÍA?
(Piura, 07 enero del 2017)
Luis Gulman Checa
De acuerdo a las normas vigentes en el país,
quien esté interesado en explorar/explotar un yacimiento de minerales, debe
solicitar ante el MEM la respectiva concesión/derecho
sobre el mismo, la que conservará mientras cumpla con los requisitos
establecidos, entre ellos el pago de una tasa anual.
En consecuencia, siempre de acuerdo a la
legislación vigente, es el concesionario quien debe hacer el trabajo de convencimiento de la población
concernida, es decir, lograr su consentimiento/aprobación para llevar adelante
las tareas necesarias para convertir el yacimiento en mina, o también,
convertir .un depósito mineral inútil y desperdiciado en fuente de prosperidad
y bienestar, empezando por las localidades y pobladores aledaños.
Para aquilatar el significado de la llamada
“Consulta Previa”, requisito fundamental para ejecutar emprendimientos de esta
naturaleza, consideremos que si hoy por hoy se quisiera construir el reservorio
de Poechos, sería tarea casi imposible, por cuanto, a diferencia de la
situación imperante medio siglo atrás, bastaría que un par de “oenegeros” de
dos por medio, soliviantaran a media docena de campesinos afectados para detener el proyecto.
¿Acaso no vemos
perplejos cómo obras viales de impostergable necesidad están paralizadas por el
capricho, necedad y/o insensatez de algunos “propietarios” que se niegan a
entregar los terrenos?
Tal situación se torna más grave/absurda al
estar vigente una norma que m/m precisa lo siguiente: ..se le deposita al propietario en
el banco de la Nación el monto que arroje la valorización hecha por la entidad,
la que, de inmediato para que la obra no se detenga, toma posesión del terreno,
teniendo el expropiado el camino libre para recurrir al Poder Judicial si no
estuviera de acuerdo con el monto consignado ..
Entonces, ¿por qué las obras se detienen?
El presente viene a cuento por un artículo de
Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, publicado en “El Comercio” del
pasado miércoles titulado “La maldición de los recursos naturales”, de
gran claridad, transparencia y veracidad, a excepción de achacarle al pasado gobierno de Ollanta
Humala la responsabilidad por la parálisis de la inversión minera en el país
como lo revela la siguiente frase:
Como ya es conocido,
la falta de norte y liderazgo de los últimos cinco años
ha hecho declinar las
inversiones mineras al punto que en el 2017 alcanzaremos probablemente al 20%
de lo invertido en el pico del 2013.
En este punto concreto, discrepo
diametralmente con lo opinado por el distinguido articulista, por cuanto,
reitero, tal cual está la legislación vigente, NO ES TAREA DEL GOBIERNO ALLANAR
EL CAMINO DE LAS EMPRESAS MINERAS, de modo que si las inversiones han declinado
tan abruptamente, debe ser porque las mismas no hicieron bien su tarea.
Sin embargo el quid del asunto está en la
siguiente reflexión:
¿Es razonable que el
Estado, dejando de lado su deber de tutelar la marcha de la nación, deje en
manos de personas ubicadas muy cerca de
la base de la imaginaria pirámide social y, por tanto, manipulables por su falta
de conocimiento de la realidad; la toma de
decisiones trascendentes para el desarrollo del país y, natural y
principalmente, para ellas mismas?
