CÉSAR HINOSTROZA EN MADRID

(Piura, 18 octubre 2018)

Luis Gulman Checa

 Ayer por la noche, distrayéndome con el circo mediático desatado a raíz del viaje del susodicho a Madrid, dudaba entre reír a carcajadas o echarme a llorar ante la comprobación irrefutable que el ridículo guía la marcha del Perú.

Empecemos recordando que el fugado era un juez supremo quien, en referencia al ejercicio de su cargo, preguntó lo siguiente:

¿Quiere que lo deje libre o le baje la pena?

¿Qué diferenciaría a un sujeto clavándole un cuchillo en el corazón a una persona débil e indefensa con este juez asesinando la sagrada institución de la administración de justicia?

Continuando con la comparación, ¿acaso el criminal del cuchillo no sería, inmediatamente, detenido y encarcelado? Entonces, si luego de quedar demostrado el crimen de César Hinostroza,  continuó libre, campante y contento y, como fatalmente nuestras fronteras no están amuralladas, salió caminando tranquilamente rumbo a algún país vecino y voló a Madrid.

Así pues, el juego del gran bonetón desatado entre el Congreso, el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instancias,  además de avergonzarnos nos reconfirma que estamos al borde del colapso.

Lo peor es que, imitando a nuestros escolares del sistema público, no aprendemos ni extraemos conclusiones de hechos pasados como lo demuestra la actual permanencia en Estados Unidos de Alejandro Toledo, quien, habiendo proclamado a voz en cuello que se había enriquecido ilícitamente cuando  fue presidente de la República al reaparecer en el país - ratificando ser además de ratero deficiente mental - realizando costosas adquisiciones inmobiliarias, no solo continuó libre sino que hasta osó postular a la presidencia de la República, siendo obvio que su riqueza se explicaba por el conocido adagio:

Sacristán que tiene cera, sin tener cerería, de donde pecata mea sino es de la sacristía.

Reconociendo que los extremismos son nefastos, la situación de los dos delincuentes referidos demuestran sin lugar a dudas la pertinencia de las detenciones preventivas o privisionales.