¿QUIÉN NOS PROTEGE DE CONTRALORÍA?
(Piura, 09 enero 2019)
Luis Gulman Checa
No sé si reír o llorar cuando el día de hoy,
transcurridos 34 meses del daño ocasionado al Sifón Samán por la inusitada
descarga de la quebrada del mismo nombre, en el valle del Chira, recién, la
inefable e indescriptible Contraloría General dela República, supuestamente,
guardiana celosa y oportuna del buen uso de los recursos del erario; saca a la luz que, en las medidas de emergencia adoptadas para restituir, parcial y provisionalmente,
el servicio en dicha estructura, los funcionarios responsables ocasionaron a la
entidad, el PECHP, un perjuicio superior a los S/. 240,000.
Sin embargo, creo que más grave que semejante
disparatada conclusión, sin duda debido a inexperiencia e ineptitud de los
funcionarios que arribaron a la misma; es el hecho que los medios, cual loras
que repiten cualquier disparate, no dudan en airearlo a los cuatro vientos tal
y como si fueran bulas papales.
Es sabido que se peca tanto por acción como
por omisión. Así, siendo el caso referido un
pecado por acción perpetrado por Contraloría, habida cuenta que no se produjo ninguna
irregularidad en la citada tarea de emergencia; reiteraré dos casos concretos y
visibles en los que el cacareado y sobre estimado ÓRGANO DE CONTROL, ha pecado
por grave y punible omisión.
Primero:
La “Obra” de instalación del sistema de desagüe
en el exbalneario (devenido en pueblo joven) “La Esmeralda”, a cargo de la municipalidad distrital de
pueblo Nuevo de Colán, la que, como es obvio y patente, insumió X cantidad de
dinero y no solo no se concluyó quedando tirada y abandonada sino que, para peor,
era absolutamente imposible de ejecutar, tan igual como el contrato suscrito
por la administración de César Trelles
Lara con Camargo Correa para la primera etapa del Alto Piura. Sin embargo, el
silencio, punible, vergonzoso y hasta sospechoso de Contraloría ante semejante
clarísimo latrocinio, revela que, así como acaba de dictaminarlo la flamante
Fiscal de la Nación para su entidad, también requiere una urgente y radical
reestructuración.
Segundo:
El clarísimo asalto al erario reflejado en la
existencia de dos entidades en el seno del GRP: El PECHP y el PEIHAP, lo que no
solo viola claro dispositivo promulgado
el año 1992, obligando a unificarlos - lo que los lambayecanos cumplieron de
inmediato uniendo los proyectos Olmos y Tinajones -, sino que atenta contra el
más elemental sentido común por cuanto, el Alto Piura, desde que obtuvo su partida
de nacimiento con el Estudio de Factibilidad a cargo del PECHP y realizado por
la asociación Tahal - Ascosesa, era, para cualquiera con dos dedos de frente, la
IV Etapa del PECHP.
En este caso, el latrocinio se agiganta por
cuanto, ratificando que la corrupción e impunidad imperan en Piura, por decisión
de César Trelles, mantenida y conservada ¿convenientemente? por quienes lo
sucedieron, las dietas que perciben los integrantes de ambos Consejos Directivos
(cargos antaño ejercidos en calidad de ad
honorem), son elevadísimas significando un real asalto a los recursos del
GRP.
Pregunta final y pertinente:
En vista que
Contraloría, una vez más, incumple flagrantemente su función no disponiendo la
corrección de tamaño despropósito, ¿lo hará el flamante Gobernador o, por lo
contrario, imitará a sus antecesores dejando esa “ventana abierta” para meter
dinero a los bolsillos de una docena de
los suyos?
