OBRA PÚBLICA: MÁS VALE MALO CONOCIDO
(Piura, 14 noviembre 2018)
Luis Gulman Checa
Es sorprendente que en Piura, donde en el
último medio siglo se han realizado
obras de infraestructura hidráulica de gran nivel y calidad constructiva,
ahora, vergonzosamente, casi
cotidianamente salen a luz escándalos, tratas y estafas a raíz de la fallida
ejecución del proyecto Alto Piura.
¿Cómo fue posible que
en un territorio con semejante experiencia se haya manejado esta obra tal y
como si fuéramos una recua de ignaros, incompetentes y, peor aún, corruptos?
El último escándalo referido a los
proveedores del consorcio Obrainsa - Astaldi,
quienes habrían sido estafados, según afirman, por un monto de 25
millones de soles por bienes y servicios prestados y no cancelados, merece
calificarse como inédito, habida cuenta que, habiéndose desempeñado en Piura grandes y
serios contratistas los cuales, sin duda, también habrán requerido servicios
similares, jamás dejaron cuentas impagas.
Sin embargo, ahondando en el caso y vista la
actitud de los burlados comprendiendo en su denuncia a la entidad en la persona
del gerente general, tal y como si hubiera estado coludido con el estafador,
preguntémonos si cuando se ofrecieron y sus servicios fueron aceptados suscribiéndose los respectivos contratos/acuerdos, la
entidad, representada por el gerente general, participó en calidad de
avalista/garante, por cuanto, si así no hubiera sido, ¿qué responsabilidad
podría achacársele?
Pero, entremos al meollo del problema
analizando si es racional ponerle la cruz a una empresa
contratista al haber quedado reconfirmado que pagó coimas a funcionarios PERUANOS corruptos, más aún cuando la
misma es sólida, competente en todo el sentido del término y, muy importante, tiene
plata como cancha por lo que estará libre de interrupciones por falta
de liquidez como sucede con incontables obras públicas, de diversa envergadura
y naturaleza, tiradas y abandonadas por doquier. (¿También el Alto Piura?).
En el caso que nos ocupa, hiere y avergüenza
está claro que el primer fracaso no fue achacable al contratista, Camargo
Correa, sino a los gestores que
suscribieron un Contrato de Obra cuando nadie sabía qué ni cómo iba a
construirse. En consecuencia, hasta un ciego y sordo sabía que el contrato se
truncaría.
El tiempo siguió su curso y, habiendo sido
reemplazado el capitán del barco, fue necesario buscar otro contratista para
llevar a buen puerto la obra. ¿Qué pasó en estas circunstancias? Que las nuevas
autoridades, incapaces siquiera de imitar el estólido burro que jamás tropieza
con la misma piedra, volvieron
a meter la pata contratando con una asociación que, a todas luces, no
daba la talla.
He pasado largos años desligado de la función
pública por lo que mi opinión habría que tomarla con pinzas, por cuanto,
probablemente, luego de las normas dictadas en la época del fujimorato
abriéndole las puertas a la corrupción en la gestión de la obra pública, probablemente el Estado esté inerme y
desamparado ante el asedio/invasión de contratistas, consorciados o no, los cuales,
figurativamente, deberían estar en Lurigancho cumpliendo cadena perpetua.
Sin embargo, como en el Perú, para bien o
para mal, contamos con quinientas veinticinco mil cuatrocientas
trece normas legales de diferente jaez y naturaleza, considero que si
los responsables pusieran a trabajar sus neuronas encontrarían mecanismos para
evitar que las ratas (*) continúen contaminando la obra pública pululando a su alrededor.
Lo he dicho y ahora lo reitero: me
invadió la vergüenza ajena al ver cómo, al salir a la luz el escándalo Lava Jato, la
artillería descargó contra las empresas extranjeras en vez de haber llevado al
paredón, no tan figurativamente, a los corruptos nacionales.
Le pregunto, estimado lector:
¿Cree usted que una
súper y auténtica empresa contratista, santa o pecadora, como por ejemplo Energoprojekt
u Odebrecht, habrían dejado tirado el Alto Piura o el bendito túnel ya
estuviera concluido?
¡ANTE FUNCIONARIOS HONESTOS, TODOS LOS CONTRATISTAS SON
SANTOS¡
