EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN
(Piura, 21 febrero 2020)
Luis Gulman Checa
Me refiero al acuerdo al que habrían llegado
varias empresas contratistas para adjudicarse obras públicas, mayormente carreteras a cargo
del ministerio de Transportes y Comunicaciones, penetrando y corrompiendo los
respectivos Comités de Licitación.
Lo primero que debe saltar a la vista es que si
las empresas deciden qué obra será para cada cual, habida cuenta las
características de los procesos licitarios, no solo no sería necesario
corromper a nadie sino que, si fueran herméticas, tales acuerdos jamás saldrían
a la luz. ¿Por qué? Por cuanto las respectivas ofertas, necesariamente,
obligarían al Comité a otorgar la buena pro a la empresa seleccionada por los
postores.
Entonces, preguntémonos si la creación del
supuesto club sería un hecho punible y delictuoso o se encuadraría dentro del
libre mercado, por cuanto las empresas, aparentemente, no habrían infringido
ninguna ley, perjudicado al Estado ni roto la mano a funcionario alguno,
sino, simplemente, habrían decidido entregar la obra a la idónea para ejecutarla.
Si lo expresado líneas arriba fuera m/m
coherente y acorde con la normatividad, tendríamos que preguntarnos porqué,
según cotidianas informaciones, altas autoridades, absolutamente desconectadas
de los procedimientos para adjudicar obras públicas, habrían recibido millones de
dólares, en calidad de coimas, proporcionados por las empresas integrantes
del club.
Si así hubiera sido, tendríamos que concluir
que no se trataría de un club sino de una organización delictiva que sí corrompió
hasta el tuétano el sector Transportes, pero no incidiendo en los Comités de
Licitación sino desde mucho antes: Influyendo en la elaboración de los
Expedientes Técnicos elevando hasta la estratósfera el costo de la obra, ahí sí
rapiñando y sangrando al Estado.
Si seguimos hurgando en la trama comprobaríamos
que el aparato estatal establece rangos o instancias de responsabilidades y
competencias, de modo que por alto que sea el estatus de un funcionario no
tiene ninguna posibilidad de influir en las decisiones/acciones de otro ubicado
muy por debajo del escalafón. Así, por ejemplo, un ministro de Estado no tiene
posibilidades ni competencias para obligar al responsable regional de su sector, por
ejemplo, a dar trabajo a fulano o mengano, por cuanto ello dependerá del jefe sectorial.
Siendo ello tal y como ha sido descrito y si
fuera cierta la entrega de millones de dólares en coimas a personajes sin
competencias para decidir/ordenar los supuestos latrocinios, lamentablemente,
tendríamos que concluir que el aparato público está podrido de pies a cabeza no
quedando otra opción que seguir lo recomendado por el suscrito días atrás.
¡Ceder en concesión el gobierno!
