ESTAFA  ANUNCIADA

(Piura, 17 enero 2018)

Luis Gulman Checa

Los piuranos no tenemos perdón de Dios por nuestra absoluta indiferencia  ante todo lo que no tenga que ver con nuestro propio bolsillo. El asunto se agrava por cuanto no llegamos a entender que, cuando un funcionario yerra (lo cual es humano) o roba descaradamente recursos públicos; somos tan pero tan obtusos que no llegamos a vislumbrar que, a la larga, nuestros bolsillos  pagarán los platos rotos.

Edición de “Correo” de la fecha, primera plana con letras color sangre:

GR pierde S/. 64 millones

La empresa brasileña vinculada al caso Lava Jato gana un arbitraje por la obra del Proyecto Alto Piura.

Este es el tercer laudo arbitral a favor de Camargo Correa. En las otras dos oportunidades  ganó S/. 25 millones.

Y seguirá ganando cuanto laudo haya pendiente por una simple razón:

El PEIHAP, cuando César Trelles Lara era presidente regional, Juan Coronado Balmaceda presidía el Consejo Directivo y Humberto Correa Cánova ejercía la gerencia general, estafó a Camargo Correa suscribiendo un contrato fallido, de imposible ejecución. ¿Por qué? Por cuanto siendo el objetivo  ejecutar una obra, no había la menor idea de  cómo, dónde y con qué se iba a realizar por cuanto no existían los imprescindibles Estudios Definitivos.

Recordando:

Varios años atrás advertí el horror  implícito en este contrato comparándolo  con la pretensión de construir un edificio contando, únicamente, con el proyecto arquitectónico.

Lo que agrava la situación es que, teniendo a la vista cómo se había ejecutado   el Proyecto Chira Piura - contratando Estudios y Obras - que no sufrió tropiezo alguno  al ser el mecanismo perfecto y, más aún, estando a la cabeza del PEIHAP el Ing. Juan Coronado, funcionario del PECHP desde sus inicios hasta que fue elegido diputado en 1985; se firmara tan esperpéntico contrato ocasionándole no solo enormes pérdidas al Estado sino, peor aún, postergando el desvío de las aguas del río Huancabamba al valle del Alto Piura hasta las calendas griegas. 




El asunto de torna más grave por cuanto el presidente regional, César Trelles Lara, ya había sido claramente advertido que el “Estudio” preparado por el “compañero” Chávez Izquierdo por una peseta; no servía para nada, pues así lo consignó el informe preparado por la comisión nombrada por él para analizarlo, en la que participaron los ingenieros. Carlos Cruz y Manuel Sandoval,  del PECHP.

Reflexión final: 

Si para la exalcaldesa el Ministerio Público está pidiendo 30 años de carcelería por algunas presuntas irregularidades en obras, real y efectivamente, ejecutadas; ¿cuántos siglos tendría que pedir para los responsables de la pérdida de cientos de millones de soles en una “obra” inexistente