ADICIONALES DE OBRA: ¿ROBO DISIMULADO?

(Piura, 01 marzo 2018)

Luis Gulman Checa

De ninguna manera. Contra lo que los medios insisten en hacer creer, no es así. Lo cierto es que tales incrementos están directamente relacionados con la calidad de los Expedientes Técnicos que sustentan las licitaciones. Veamos:

Cuanto menor  sea  la calidad del Expediente Técnico, mayores serán los Adicionales de Obra y, viceversa, porque un ET perfecto no generará ni un céntimo en Adicionales (entendidos como NO PREVISTOS).

Una vez más, la prensa, incumpliendo su sagrado deber de informar con  la verdad, hoy, en de la edición de “Correo”, no solo miente sino que subliminalmente echa sombras sobre la moral del gobernador al adornar con su fotografía  el siguiente malintencionado titular:

PAGAN S/ 18.5 MLLS. EXTRA

La obra de la avenida Sánchez Cerro ahora cuesta más de S/ 90 millones.

Hilbck justifica el desembolso de dinero y dice que son “mejoras al expediente”.

Para comenzar, quien debiera dar la cara no es el gobernador sino el gerente de Infraestructura del GRP, al ser el responsable directo tanto de la elaboración del ET como del proceso de selección del contratista y el manejo del subsecuente contrato de obra.

Lo más grave es que en la información ampliada en página interior, se pormenoriza la razón de cada adicional  demostrando que, además de obras imprescindibles, se debieron a omisiones del ET. Entonces, siendo ello así:

¿Qué diablos tendría que ver el gobernador al respecto?

Lo expuesto líneas arriba se ciñe al aserto que dice “El ladrón juzga por su condición”, lo que, traducido, significa lo siguiente:

Una persona de bien y m/m entendida, no puede dudar, per se,  de la legalidad de un adicional de obra.

Asimismo y contradictoriamente:

Quienes consideran que los adicionales, en todos los casos,  implican robos al erario, están aceptando que si ellos fueran funcionarios serían los grandes rateros.

Finalmente, informando como es debido a contrapelo de la prensa, la norma estipula que los montos contratados pueden ser excedidos hasta en el 15% sin problema alguno, debiendo solicitar y obtener, previamente, la aprobación de la Contraloría General de República, aunque fuera un centavo más por encima del mismo.