LAVA JATO: ¿QUIÉN LE DEBE A QUIÉN?

(Piura, 09 julio 2018)

Luis Gulman Checa

Sumamente preocupante - además de cuestionar la real intención del Ministerio Público respecto a sacar a la luz a todos los peruanos que solicitaron coimas a las contratistas brasileñas - el absurdo entrampamiento del proceso de colaboración  eficaz con el gobierno peruano que venían desarrollando diversos funcionarios de las mismas.  ¿Será que nuestros fiscales  sucumbieron a los cantos de sirena del sucio dinero  paralizando su tarea?

Dios no lo quiera, pero, comparados con la celeridad de sus pares del Brasil que, rápidamente y sin dudar, dejaron caer el hacha de la justicia sobre testas de alto vuelo - Lula está preso -, a los nuestros de les pasea el alma limitándose a solicitar encarcelamientos preventivos que se tornan interminables, demostrando  absoluta incompetencia y/o falta de ambición por cumplir con su deber.

 Veamos un caso escandaloso:

El de César Álvarez,  expresidente regional de Ancash, con prisión preventiva desde cuchocientos meses atrás, ¿acaso no es muestra supina de incompetencia del Ministerio Público que aún no haya sido juzgado?

Recordemos el aserto que dice Justicia que tarde es injusticia, situación agravada  por la proclividad a decretar prisiones preventivas con lo cual se viola otro derecho fundamental de la persona humana como es la presunción de inocencia, es decir, a nadie se le pude achacar una conducta delictiva mientras ella no haya quedado sancionada/demostrada a través del correspondiente proceso judicial.

Ejemplo viviente de lo afirmado ut supra es Alan García quien, a diferencia del citado encarcelado César Álvarez, está libre  a pesar del hecho irrebatible que, habiendo accedido a la presidencia de la República en 1985 siendo pobre de solemnidad, salió cual Creso lleno de riquezas las que continuaron multiplicándose. Sin embargo, nuestro aparato de justicia, zurrándose en la simbólica figura de la balanza, mientras a unos los apapacha, a otros les da con palo. (*)

Una de las trabas para que continúen fluyendo las colaboraciones eficaces es la determinación del monto que, según nuestras autoridades, debería pagar Odebrecht (¿acaso las otras empresas son hijas de cura?) como resarcimiento por el perjuicio causado al Estado peruano debido a la corrupción de tantos de nuestros funcionarios.

 En este caso, plantearía la siguiente pregunta/reflexión: