LAS BAMBAS: ¡QUÉ VERGÜENZA!
(Piura, 23 marzo 2019)
Luis Gulman Checa
Me refiero a la explotación minera en pleno desarrollo a cargo de una
corporación china en el departamento de Apurímac, cuyas actividades llevan
paralizadas 50 días por reclamos/protestas de vivientes del ámbito en el que se
desarrollan las diversas operaciones.
Debemos suponer que el
concesionario/explotador del yacimiento tomó posesión del mismo de
día y con sol, lo que implica que lo hizo luego de haber cumplido con todos
los requisitos imperantes en el país para llevar a cabo este clase de
actividades, las que, como tiene que entenderlo cualquier persona m/m pensante,
son vitales para nuestro desarrollo habida cuenta la formidable riqueza en
recursos minerales que la providencia nos dispensó.
¿A qué vergüenza me
refiero?
Al palpable mensaje que el Perú está lanzando
al mundo en el sentido que el país es una olla de grillos, en el que el orden
y respeto son cualidades desconocidas, de modo que, cualquier ignaro, desaforado
y/o delincuente, zurrándose en las cabezas de todos los peruanos, se permite
perpetrar atropellos/barbaridades como el comentado a vista y paciencia de
quienes tienen la perentoria obligación de - en el término de la distancia y/o
aún antes de concretarse acciones de esta naturaleza - reprimirlos usando todas
las armas y mecanismos que la ley les confiere.
Evidentemente, la vergüenza ajena que tendría
que abrumarnos, deviene del triste papel desarrollado por quienes tendrían que
haber cortado este atentado aún antes de haberse materializado, es decir, las
autoridades (in) competentes.
Preguntémonos:
Acaso los legítimos
concesionarios de los yacimientos, ante el obvio y grave perjuicio económico
que están sufriendo, ¿no tendrían el derecho de demandar al Perú en las
instancias internacionales ad hoc, exigiendo resarcimiento?
Si así fuera y el país estuviera obligado a
pagar un monto exorbitante, nuestros hermanos de la sierra, responsables de los
desmanes, ¿honrarían el pago metiéndose la mano a sus bolsillos?
La situación se torna más álgida por cuanto,
subliminalmente, las autoridades, con su inacción, estarían insinuando que los
protestantes, a pesar de contar con DNI, serían ciudadanos de segunda por lo
que habría que tenerles paciencia.
